Edadismo, peligroso efecto secundario del coronavirus

La pandemia de COVID-19 nos ha dado la oportunidad de ver cómo el modelo ético tradicional de la medicina, basado en la justicia redistributiva y la dignidad de la persona, ha sido sustituido por el principio de coste de oportunidad, concepto en el que la edad del paciente y sus patologías previas han sido el criterio para decidir si entraba o no en UCI, o se le administraban cuidados paliativos. Así ha sido al menos hasta que a primeros de abril, una vez que bajaba la presión sobre las unidades de cuidados intensivos, el Ministerio de Sanidad prohíbe la discriminación de pacientes por ningún motivo ajeno a la situación patológica del paciente y las expectativas objetivas de supervivencia.
El estado de «medicina de guerra» que lleva a tomar estas decisiones muy cuestionables desde la ética muestra la insuficiencia de recursos del sistema sanitario español para afrontar esta emergencia sanitaria. En términos de deontología médica, los expertos en bioética lo califican como ética utilitarista propia de situaciones de catástrofes, lejos del sistema ético anglosajón de ética liberal, donde predomina la libre elección y el consentimiento informado, y no la maleficencia o el sistema de beneficencia donde se destinan más recursos a quien más lo necesita, buscando el máximo beneficio al paciente y la mejor justicia redistributiva, el uso racional de recursos el secundario.
Durante la pandemia de coronavirus, tres documentos han establecido las normas de triaje para el acceso a cuidados paliativos en España: dos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y de Unidades Coronarias (SEMICYUC), uno sobre recomendaciones éticas en la toma de decisiones en UCI y un plan de contingencia para los servicios de Medicina Intensiva, y un documento técnico del Ministerio de Sanidad sobre el manejo en urgencias de pacientes de COVID-19.
Además de los documentos anteriores, las comunidades más afectadas han tenido que retirar el protocolo de actuación que tenían previsto que descartaba trasladar al hospital a personas de más de 80 años, con demencias avanzadas, grandes dependientes, enfermos terminales y enfermos con cáncer terminal, o la recomendación de no intubar a mayores de 80 años y que el tratamiento de haga con mascarilla de oxígeno y si no mejora la saturación de oxígeno, se puede optar por la morfina para paliar la sensación de falta de aire. La modificación comentada eliminará el límite de edad, pero mantendrá los criterios de fragilidad para decidir quién es trasladado a un centro sanitario.
Gerontofobia y recursos
Hemos podido leer testimonios que señalaban cómo con 45 años ingresabas directamente en UCI pero si tenías más de 80, no. Una decisión que se explicaba basada en el sentido común desde la perspectiva médica. En Madrid, al parecer, más del 90% de los fallecidos no pasaron por UCI, lo que confirma que este recurso se reserva para pacientes graves con mayores posibilidades de supervivencia, y que la mayoría de los fallecidos en planta no superó el corte para acceder a cuidados intensivos. Por la falta de medios y la afluencia diaria de cientos de pacientes con manifestaciones graves de la enfermedad en muchos casos.
Esta decisión no incluye el consentimiento informado del paciente o de sus familiares si este no está en condiciones de firmar como requisito previo para administrar morfina tal y como reclama la asociación Derecho a Vivir.
Si el 90% de los fallecidos en hospitales no pasó por UCI, y de ellos el 80% falleció por efecto de la sedación en planta, podemos estimar el 66% de los fallecidos hospitalizados en Madrid en el mes de marzo han fallecido por sedación en planta. A estas cifras hay que añadir aquellos fallecidos en domicilio o residencias de ancianos que presentaron sintomatología compatible con coronavirus pero que no pudieron acceder a test diagnósticos. Solo en la Comunidad de Madrid de los 4.750 mayores fallecidos del 8 de marzo al 8 de abril, 781 dieron positivos y el resto 3.479 no se les realizó la prueba. Esto lleva a confirmar la sospecha de que como dicen algunos informes las cifras de fallecidos hay que aumentarla en 10.000 personas, o lo que es lo mismo haya que incrementar en un 40-50% el número de fallecimientos.
Sanidad prohíbe discriminar por edad
La discriminación por razón de edad es contraria a los fundamentos de Estado de Derecho, según establece el artículo 14 de la Constitución española. Ante la situación que estábamos viviendo, el Ministerio de Sanidad estableció principios objetivos, generalizables, transparentes, públicos y consensuados.
- No discriminación por ningún motivo ajeno a la patología del paciente y expectativas objetivas de supervivencia.
- Máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas.
- Gravedad del estado de enfermedad del paciente que evidencie la necesidad de cuidados intensivos.
- Expectativas objetivas de recuperación en el corto plazo a su estado previo de salud, teniendo en cuenta la concurrencia o no de patologías acompañantes que evidencien un pronóstico fatal (enfermos terminales con pronósticos de irreversibilidad, estado de coma irreversible, etc.) aunque pueda comportar una atención clínica añadida.
Si el sistema sanitario no hubiera colapsado en marzo, el edadismo hospitalario no se hubiera producido. El informe del Ministerio de Sanidad es una garantía para evitar que se reproduzcan situaciones tan dolorosas y que han afectado fatalmente a miles de personas tan solo por ser ancianas. Solo cuando la presión sobre las urgencias hospitalarias se ha rebajado, las autoridades han restituido el criterio de acceso al mejor tratamiento sin distinguir por edad.
Pero la situación puede repetirse en el futuro y la sociedad española debe hacer una profunda reflexión acerca de la medicina de guerra o de catástrofe, que prioriza la atención médica a las personas con mayor esperanza de vida.
Sobre el autor
Dr. Dr. José Miguel Rodríguez-Pardo
Profesor y Coordinador Académico MCAF UC3M
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